Perú dispone de un muy relevante capital natural para la provisión de servicios ambientales, incluyendo el patrimonio forestal y los recursos marinos, que albergan importantes fuentes de diversidad biológica. Sin embargo, la calidad ambiental ha sido afectada por el cambio climático, la disminución de bosques, la pérdida de diversidad biológica, la creciente escasez de agua y la gestión de sustancias químicas y materiales peligrosos, siendo algunos de los problemas globales que se encuentran bajo normas y tratados internacionales cuyo cumplimiento nacional es necesario impulsar desde el Estado.

La problemática del deterioro de la calidad ambiental a nivel sectorial se ve agravada en tanto los cultivos ilícitos de coca significan, no solamente un altísimo índice de deforestación, pérdida de suelos, disminución de recursos hídricos y quiebra de las funciones vitales de los ecosistemas, sino también, contaminación de las aguas (superficiales y subterráneas) y de los suelos, tanto a nivel del cultivo mismo como de los procesos de fabricación de pasta básica de cocaína. En este sentido, al aumentar los diversos impactos ambientales se altera el ciclo hidrológico, y otros servicios ecosistémicos básicos (formación del suelo, ciclos de los nutrientes y producción de materias primas), así como los de suministro (alimentos, agua, leña, recursos genéticos) y regulación (regulación del clima y de purificación y regulación del agua).

El cultivo ilícito atenta, además, contra los servicios ecosistémicos utilizados por las comunidades, y tiene impactos de género y derechos humanos ligados a procesos complejos (particularmente en zonas campesinas vulnerables y comunidades nativas), de migraciones, exclusión, pobreza, crimen organizado, trata de personas (afectando fuertemente a las mujeres).

A nivel sectorial, la Política Nacional contra las Drogas al 2030 (PNCD2030) constituye el marco de acción del Estado para controlar las actividades asociadas a los cultivos ilícitos, el tráfico ilícito y el consumo de drogas, con el propósito de reducir los daños que ocasionan en zonas estratégicas y a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Su rectoría recae en la Presidencia del Consejo de Ministros (Resolución Ministerial N° 248-2019-PCM) y, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1241, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) es la entidad encargada de promover programas de desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS), en coordinación con los organismos, sectores y niveles de gobierno.

DEVIDA ejecuta el Programa Presupuestal de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (PIRDAIS), cuyo objetivo principal es desvincular a familias rurales de cultivos ilícitos e incorporarlas a la economía lícita, incorporando alternativas productivas sostenibles a los cultivos ilícitos y promoviendo que dichas familias instrumenten prácticas ambientales que prevengan su expansión. El PIRDAIS contiene, además, acciones para la recuperación de ecosistemas o servicios ecosistémicos de suelos degradados por cultivos ilícitos.

En este contexto, la Unión Europea ha venido apoyando, mediante el Convenio de Financiación (CdF) “Apoyo a la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Crimen Organizado” (DCI-LA/2015/038-902), el incremento de la eficacia de las políticas de fiscalización de drogas y lucha contra el crimen organizado, incluyendo, mediante el Addendum No 1, los delitos ambientales y la trata y tráfico de personas, en el Perú.

En virtud de lo expuesto anteriormente, se requiere la contratación de un experto que apoye el fortalecimiento institucional de DEVIDA, mediante el diseño e implementación de un modelo de intervención que, con un enfoque de conservación medioambiental y la promoción de actividades sostenibles, favorezca la mejora de la calidad de vida y reduzca la presión sobre los recursos naturales en comunidades y zonas vulnerables afectadas por el cultivo ilícito.

Objetivo General (Impacto):

• Apoyar el incremento de la eficacia de la implementación de las políticas de lucha contra las drogas y el crimen organizado, incluyendo los delitos ambientales y la trata y tráfico de personas, en el Perú

Objetivos Específicos (Efectos):

• Fortalecer institucionalmente a DEVIDA mediante la creación de un área especializada en la problemática de la incidencia del tráfico ilícito de drogas en el medio ambiente y los delitos ambientales asociados al cultivo de la hoja de coca
• Generar capacidades especializadas para la recopilación de evidencias para el diseño de políticas antidrogas y la implementación de acciones para la recuperación/restauración de ecosistemas degradados por efectos del cultivo de coca y actividades asociadas
• Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental, apoyando la ejecución de los Convenios de Cooperación Interinstitucional (SERFOR, SERNAMP, etc.), favoreciendo acciones de control multisectorial, particularmente en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento 
• Coordinar acciones de asesoramiento y capacitación a las comunidades y organizaciones locales sobre práctica sostenibles de producción y conservación de recursos naturales y el desarrollo de estrategias de articulación y posicionamiento comercial de productos bajo la lógica de Aliado por la Conservación